Sí a la reforma constitucional

Mucho se ha dicho sobre la reforma constitucional propuesta por el Partido Popular y el Partido Socialista que limita el gasto público a lo que ingresa el estado, intentando evitar el endeudamiento público. La reforma ha causado protestas, por no ser sometido a referéndum y porque hay detractores del límite de gasto público.

Estoy de acuerdo en que se nos debería dar la oportunidad de poder decidir más sobre determinadas decisiones políticas. Nuestra democracia se limita a seleccionar un color para el ayuntamiento, el Congreso de los diputados, el Senado y el Parlamento europeo. Ni siquiera podemos elegir alcalde, presidente autonómico o del gobierno estatal. Mucho menos podemos elegir propuestas. Únicamente elegimos tendencia política: derechas, izquierdas, extremismos, nacionalismos, ecologistas…

La reforma constitucional que impone el límite de gasto responde a un acuerdo europeo para evitar el endeudamiento excesivo de las administraciones, problema que ha causado la quiebra de varios estados miembros de la Unión. Es una reforma necesaria y urgente dada la situación económica actual, con el encarecimiento de los intereses a pagar por emitir deuda soberana.

Europa no podría hacer frente a una quiebra de países como Italia o España. No habría suficiente dinero para rescatarlos. Ante las caídas de Irlanda, Portugal y Grecia, los países “PIG”, España se ha visto sometida a fuertes presiones especulativas del mercado de deuda. El Banco Central Europeo ya ha echado una mano a Italia y España comprando deuda de estos dos países para evitar una subida de la prima de riesgo.

No parece oportuno, con el problema de la deuda actual, seguir aumentando nuestros niveles de endeudamiento público. Es cierto que España como país, es de las economías menos endeudadas, si la comparamos con otros países de la Eurozona, pero también es cierto que la deuda adquirida por los ciudadanos es de las más altas.

Hasta ahora hemos vivido situaciones esperpénticas. Basta fijarnos en Valencia como ejemplo. La administración de Camps, del Partido Popular, ha gastado ingentes cantidades de dinero público de manera muy criticable: construcción de aeropuertos sin aviones, parques temáticos con dinero público, edificios carísimos sin uso, gasto en televisiones públicas autonómicas, circuitos de fórmula uno, estaciones de AVE en cada pueblo, etc.

Limitar el gasto no debe suponer reducir el gasto en políticas sociales. Supone que los gobiernos piensen bien antes de soltar el dinero fácilmente, busquen alternativas y racionalicen el gasto. Hay mucho gasto innecesario donde recortar sin tener que reducir el gasto en sanidad, educación o ayudas a los necesitados. Una cosa nos tiene que quedar clara, que no todo es gratis ni tenemos derecho a exigir todo al Estado. Aunque nos quejemos de los impuestos que pagamos, estoy convencido que salvo los ricos, la mayoría de ciudadanos recibe mucho más del Estado de lo que aporta.